PAE en pausa: adjudicación suspendida en Neiva

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El proceso para adjudicar el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva, por un monto superior a los 18.500 millones de pesos, enfrenta un nuevo obstáculo. La entrega del contrato, que debía realizarse el 31 de enero, fue aplazada hasta el jueves 6 de febrero, según información de la Bolsa Mercantil de Colombia y la Secretaría de Educación de Neiva, encabezada por Natalia Rodríguez.

Este retraso se suma a la preocupación general, pues ya han transcurrido dos semanas desde el inicio del calendario escolar y aún no se ha definido el operador del programa. A pesar de que el Concejo de Neiva aprobó con anticipación los recursos de vigencias futuras para garantizar la contratación oportuna en 2025, los estudiantes continúan sin recibir su alimentación escolar.

Críticas por el proceso de contratación

El mecanismo de adjudicación también ha generado cuestionamientos. Los concejales Jesús Andrés Garzón Roa y Johan Steed Ortíz han criticado que el contrato no se esté licitando públicamente a través del SECOP, sino mediante la Bolsa Mercantil, bajo la intermediación de la firma comisionista Mercado y Bolsa S.A., un tercero que gestiona la negociación en nombre del municipio.

Garzón advirtió sobre posibles modificaciones de última hora en las condiciones del proceso.“La bolsa es el intermediario y desafortunadamente a la ficha técnica de negociación se le hicieron unas observaciones, pero la Secretaría de Educación no le ha prestado atención a estas”, dijo Garzón. Además, “hay unas imprecisiones, lo que he podido ver es que hay un código (901018) que se presentó a última hora el cual indica que es un servicio de comidas a domicilio, es lo que están pidiendo ahorita, pero eso nunca se vio en estudios previos ni en la ficha técnica de negociación inicial, apareció ahorita, no sé con qué fin o motivo, pero ese código no se necesita porque a los estudiantes no les llevarán comida a domicilio, la comida se prepara en los colegios. Otra observación muy importante es el cambio de precio de la ración, porque puede generar un detrimento patrimonial para los oferentes. Yo confío en que la administración aceptará estas observaciones”, señaló. Además, mencionó una presunta irregularidad relacionada con el código de contratación 901018, que corresponde a un servicio de comidas a domicilio, cuando en realidad las raciones del PAE se preparan en los colegios. “Basta con observar el proceso a detalle y mirar otros casos en el país, para darse cuenta que claramente hay un modus operandi que están usando para que les adjudiquen el proceso. El ejemplo más claro estuvo en Pitalito donde sucedió exactamente lo mismo que aquí. Hicieron unos pliegos de condiciones, a la medida de estas dos mismas empresas, Ardiko y Fundación Horus Vita, quienes al final quedaron habilitadas al cumplir con todos los requisitos, y crearon una unión temporal para manejar el PAE de allá. Aquí está pasando exactamente lo mismo”, agregó.

Otro punto de controversia es el cambio en el precio de la ración, lo que podría afectar a los oferentes y generar un posible perjuicio patrimonial. Garzón confía en que la administración municipal tomará en cuenta estas observaciones antes de adjudicar el contrato.

Señalamientos de direccionamiento del proceso

Por su parte, el concejal Johan Steed Ortíz denunció que el proceso podría estar favoreciendo a empresas previamente cuestionadas. Según sus averiguaciones, el mecanismo de contratación sería similar al utilizado en Pitalito, donde se diseñaron condiciones específicas que solo cumplían dos empresas: Ardiko y la Fundación Horus Vita. Estas firmas, tras unir fuerzas en una alianza temporal, resultaron adjudicatarias del PAE en esa localidad.

Ortíz sostiene que en Neiva está ocurriendo lo mismo. “Se utilizó la Bolsa Mercantil en lugar del SECOP para evitar una licitación pública. Se establecieron requisitos que solo ciertas empresas cumplen, incluyendo experiencia, capacidad financiera y códigos de actividad comercial que no guardan relación con el servicio de alimentación escolar”, afirmó.

Además, Ortíz advirtió que estas empresas estarían vinculadas con el fallecido Francisco Javier Sandoval, alias ‘Morrongo’, señalado de tener nexos con estructuras paramilitares. Según el concejal, es casi seguro que el contrato será adjudicado a estas mismas firmas, ya que cumplen con todos los requisitos establecidos.

Llamado de atención a la Alcaldía

Desde el Concejo de Neiva, varios cabildantes han manifestado su preocupación por la demora en la adjudicación del PAE, a pesar de que los recursos ya están disponibles. “El año pasado se comprendió la situación porque era una administración nueva, pero ahora ya han pasado dos semanas de clases y aún no hay un operador contratado”, indicó Garzón.

La concejal Lourdes Mateus calificó la situación como “un asunto de extrema gravedad” y exigió explicaciones al alcalde Germán Casagua. “Hemos solicitado información sobre el proceso porque no cumple con varios lineamientos de la ley, como la promoción de compras públicas locales”, enfatizó.

Respuesta de la Alcaldía

Ante los cuestionamientos, la secretaria de Educación, Natalia Rodríguez, aseguró que se espera adjudicar el contrato el próximo 6 de febrero. Explicó que la decisión de utilizar la Bolsa Mercantil se tomó por razones de tiempo, ya que realizar una licitación pública habría demorado más debido al trámite de vigencias futuras.

Rodríguez defendió el proceso, asegurando que fue estructurado con transparencia y bajo la supervisión de la Superintendencia. “Cualquier interesado puede acceder a la información y participar como oferente”, afirmó.

También destacó que una de las prioridades de la administración es garantizar que el operador tenga la capacidad financiera para ejecutar el contrato sin interrupciones. “El año pasado, el operador anterior envió múltiples oficios advirtiendo que suspendería el servicio por falta de pago, y en algunos casos esto ocurrió porque el Ministerio no giró los recursos a tiempo. Este año aún nos deben el quinto pago de 2023”, explicó. Sin embargo, la funcionaria no detalló por qué la adjudicación fue postergada nuevamente.

Intervención de la Procuraduría

En medio de la controversia, la Procuraduría Regional del Huila emitió un requerimiento de información a la jefa de la Oficina de Contratación de Neiva, María Angélica Duarte Rivas. El organismo de control solicitó documentación sobre:

  • Los criterios utilizados para exigir un Índice de Liquidez igual o superior a 6.
  • La justificación legal para la inclusión de códigos UNSPSC específicos en el proceso.
  • Las razones jurídicas que llevaron a la Alcaldía a solicitar ciertos requisitos documentales, como el permiso del Ministerio del Trabajo para la jornada laboral de los operativos.
  • La razón por la cual se exige un cupo de endeudamiento adicional, a pesar de que el proponente ya debe garantizar el capital de trabajo.

El Ministerio Público busca esclarecer si hubo irregularidades en la estructuración del proceso y si las condiciones establecidas cumplen con la normatividad vigente.