Crisis en el PAE: 32 mil estudiantes en Neiva siguen afectados

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El proceso de adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva ha sufrido un revés. Ayer, en medio de múltiples especulaciones, se confirmó que la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad designada por la Alcaldía de Neiva bajo la administración de Germán Casagua para seleccionar el operador del programa, informó que ninguna de las empresas participantes cumplió con los requisitos establecidos en el estudio de mercado. Como resultado, miles de estudiantes que debían recibir su alimentación desde el inicio del calendario académico, el pasado 20 de enero, siguen en la incertidumbre.

El contrato, valorado en más de $18.500 millones, estaba previsto para ser adjudicado sin contratiempos. De hecho, el año pasado, la secretaria de Educación, Natalia Rodríguez, argumentó ante el Concejo de Neiva la necesidad de aprobar vigencias futuras para garantizar la alimentación escolar desde el primer día de clases.

El alcalde Casagua explicó que, aunque la intención era asegurar el PAE a tiempo, los plazos retrasaron el proceso. Además, debido a los múltiples intereses que giran en torno a este programa, la administración decidió delegar la responsabilidad a la Bolsa Mercantil, buscando mayor transparencia. “Nos apartamos y dejamos que una entidad nacional manejara el proceso para generar confianza en la ciudadanía. Ellos aplican su propia metodología y garantizan la pluralidad de oferentes”, afirmó el mandatario.

“Lo que quisimos nosotros garantizar es que el que vaya a operar el PAE este año sea una empresa que tenga la capacidad financiera para poder prestar el servicio, sin ningún inconveniente. Que, si el Gobierno Nacional se demora en girarnos la plata, pues que sencillamente esta empresa tenga la capacidad para poder solventar el proceso. No queremos tener los mismos problemas que el año pasado”, enfatizó el alcalde.

Condiciones en revisión

Dado que ninguna empresa cumplió con las exigencias establecidas, la Alcaldía planea ajustar los requisitos para permitir que nuevos oferentes se postulen en un plazo de nueve días. La rueda de negocios está prevista para el 23 de febrero, con la expectativa de iniciar el programa en marzo.

“Nosotros hicimos un estudio de mercado y en el país hay 200 empresas que cumplen con los indicadores que solicitamos o que pueden flexibilizarse. Entonces, no se puede decir que va direccionado a una única empresa. Claro que esto nos genera el retraso en el cumplimiento del PAE, pero también hemos venido siendo responsables con el proceso de adjudicación. Nos hemos ajustado a lo que nos enmarca la norma y la ley. Se ha especulado mucho y se han dado nombres de empresas que supuestamente serían elegidas; de ser cierto eso, hoy se hubiera dicho quién sería, pero eso no pasó”, argumentó Casagua. También desmintió rumores sobre la renuncia de la secretaria de Educación, Natalia Rodríguez, quien ratificó su continuidad en el cargo.

Rodríguez aclaró que el PAE tiene un costo mensual de aproximadamente $2.000 millones y que este año se distribuirán 32.000 raciones diarias. Actualmente, aún se adeudan dos meses del programa anterior, por un total de $4.000 millones que no han sido girados por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA). «Buscamos que se tenga la experiencia suficiente. El año pasado hicimos 560 visitas y encontramos 183 hallazgos de incumplimiento, que dejaron sanciones pecuniarias. Estamos en un proceso contractual normal que recibió observaciones. Aquí el interés de muchos no son los niños y niñas, sino el contrato. Nosotros no estamos actuando de manera dolosa”, afirmó la funcionaria.

Cuestionamientos y presuntas irregularidades

El manejo del proceso ha sido duramente cuestionado por los concejales Johan Steed Ortiz y Jesús Andrés Garzón Roa, quienes han señalado presuntas irregularidades y la falta de licitación pública en la selección del operador. La Procuraduría Regional del Huila emitió un requerimiento de información preventiva dirigido a la jefe de la Oficina de Contratación de Neiva, María Angélica Duarte Rivas, para esclarecer los criterios de selección y las condiciones establecidas en el proceso.

Garzón Roa expresó su preocupación por modificaciones de última hora en las especificaciones técnicas y denunció la inclusión repentina de un código de servicio de comidas a domicilio (901018), cuando el PAE no contempla la entrega de alimentos a domicilio. También advirtió sobre posibles sobrecostos en las raciones, lo que podría generar un detrimento patrimonial.

Por su parte, Ortiz sugirió que el proceso estaría dirigido a beneficiar a determinadas empresas con antecedentes cuestionables. “En otras regiones se han evidenciado patrones similares para favorecer a ciertos operadores. Lo que ocurrió en Pitalito es un ejemplo: los pliegos de condiciones fueron diseñados para beneficiar a dos compañías específicas, Ardiko y Fundación Horus Vita, que terminaron formando una unión temporal para quedarse con el contrato”, denunció.

Además, Ortiz mencionó que estas empresas han sido vinculadas al asesinado Francisco Javier Sandoval, alias ‘Morrongo’, quien presuntamente tenía conexiones con estructuras paramilitares. El alcalde Casagua negó cualquier relación con Sandoval y afirmó que, aunque se reúne con muchas personas, no tiene vínculos con él.

Reacción de la Procuraduría

La Procuraduría ha solicitado a la Alcaldía documentación que respalde los criterios exigidos en el proceso de selección, incluyendo el índice de liquidez mínimo de 6, la justificación de los códigos UNSPSC requeridos y la exigencia de garantías adicionales para la contratación. También se ha cuestionado la necesidad de permisos del Ministerio del Trabajo cuando las condiciones laborales establecidas no superarían las horas semanales que requieren dicha autorización.

Zoilo Chaux Jaramillo, vicepresidente ejecutivo de Confenalpadres, manifestó su preocupación por la demora en la adjudicación. “Respetamos las decisiones de la Bolsa Mercantil, pero necesitamos con urgencia la alimentación para los estudiantes”, afirmó.

Críticas a la administración municipal

El concejal Humberto Perdomo calificó la situación como inadmisible e instó a padres de familia, estudiantes y organizaciones a exigir respuestas. Recordó que en diciembre el Concejo aprobó las vigencias futuras con el propósito de evitar estos retrasos. “Es 6 de febrero de 2025 y los estudiantes están sin alimentación escolar, hay cuestionamientos públicos al proceso desarrollado con la Bolsa Mercantil, una acción preventiva de la Procuraduría, y ahora se nos informa que se suspende el proceso”, lamentó.

Juan Diego Amaya también expresó su preocupación por el incumplimiento del PAE y advirtió que la falta de alimentación puede afectar la permanencia escolar. Además, alertó sobre posibles sanciones por parte de la UApA y una eventual investigación de la Procuraduría.

¿Un intento fallido de manipulación?

Lourdes Mateus cuestionó la justificación del alcalde sobre la falta de tiempo y sugirió que el proceso fue diseñado para favorecer a ciertas empresas. “si de verdad fuera transparente, habría habido una licitación pública; para eso tenía el tiempo, acorde con la ley 80, con estudios previos y pliegos técnicos, y sobre todo garantizando la pluralidad de oferentes”, afirmó.

Por su parte, Ortiz señaló que han ocurrido múltiples irregularidades, derivadas principalmente de la falta de planificación, y enfatizó que la responsabilidad no solo recae en el alcalde, sino también en la secretaría de Educación, Natalia Rodríguez. “Si yo fuera el Alcalde, le pediría la renuncia porque no puede ser que se sigan cometiendo errores en la administración, y que, como en este caso, afectan a los niños y no pase nada”, enfatizó.

Finalmente, Garzón Roa reiteró que los principales afectados son los estudiantes, “mientras todo esto sucede, hay niños que se van sin desayuno y que solamente cuentan con ese alimento al día, pero al no garantizarse, pues todo resulta lamentable”, concluyó.