Conoce a los cuatro candidatos que aspiran a la Gobernación de Putumayo

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Cuatro candidatos quieren reemplazar a Carlos Marroquín, elegido por la coalición del Partido de La U y La Fuerza por la Paz de Roy Barreras, cuya elección fue anulada por el Consejo Nacional Electoral por doble militancia. El 23 de febrero serán las elecciones atípicas para elegir su reemplazo y acabar con la interinidad luego de ser aplazadas por la Registraduría.

Putumayo es uno de los ocho departamentos amazónicos, cuenta con casi 350 mil habitantes y tiene un presupuesto anual de poco menos de 652 mil millones. Uno de los principales problemas que enfrenta es la presencia de grupos armados y su tasa alta de deforestación constante cuya principal causa son los cultivos de uso ilícito. Mocoa, su capital, es puente entre las llanuras amazónicas y la Cordillera de Los Andes, un lugar estratégico para el suministro de agua de ciudades como Bogotá. Actualmente, el proyecto de minería de cobre que está arrancando la fase de exploración allá divide a su población.

Todos los aspirantes tienen experiencia pública local. No hay mujeres, ni personas con amplia trayectoria ambiental. Aunque con matices, la mayoría asume posturas conservacionistas. Estos son los cuatro candidatos que compiten por la Gobernación del Putumayo.

Estos son sus perfiles, organizados en orden alfabético.

Jhon Gabriel Molina – Partido Mais, Conservador y Aico

Jhon Molina nació en Mocoa y tiene 48 años. Es ingeniero de Sistemas de la Universidad Mariana, especialista en alta gerencia de esa misma universidad y también en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Tolima. Esta es su tercera candidatura a la Gobernación del Putumayo, luego de postularse en 2019, cuando quedó en cuarto lugar, y en 2023, cuando quedó segundo. Durante 2024 fue diputado del Putumayo por la curul de oposición.

Molina fue secretario de Educación, Cultura y Deporte de Mocoa entre 2008 y 2012. También fue coordinador de Educación Departamental, durante una intervención del Ministerio de Educación a la entidad. Después, gerenció durante nueve años la Empresa de Energía del Putumayo, la entidad privada que presta el servicio eléctrico en el Departamento.

La electrificadora recibió varias multas cuando Molina fue gerente, que ascienden a 1.200 millones. Fueron impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por incumplimientos en la prestación del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, según dos fuentes de la región, su gestión ha sido reconocida por restablecer rápidamente el servicio de energía tras la avalancha de 2017 que dejó casi 8 mil familias damnificadas en Mocoa.

Por su paso por la empresa es cercano a William Vélez, el megacontratista de la Energía, que es su principal accionista. Sin embargo, niega algún tipo de financiación de su parte y dice que sus campañas se costean con recursos propios y de amigos. En 2023, por ejemplo, entre dos empresas de insumos para la construcción, Sumieléctricos y Servicios Ambientales, le donaron más de 80 millones de pesos.

Esta vez Molina aspira con los avales del partido Conservador, Mais y el Aico. A pesar de su tradición conservadora, no se considera opositor del gobierno nacional y busca liderar un gobierno de unidad. Dentro de sus prioridades están los servicios públicos, principalmente el agua potable, ya que ninguno de los 13 municipios del Departamento cuenta con el servicio. “El mensaje es hacer una alianza entre putumayenses. Los partidos, colores e ideologías nos han hecho daño, nos han distanciado y los problemas siguen”, dice.

A pesar de ser su opositor en la Asamblea Departamental, Molina dice que va a mantener el Plan de Desarrollo que dejó Marroquín. Sin embargo, buscaría ampliar las metas en áreas como vivienda y electrificación, así como, en la reducción de homicidios.

Es uno de los candidatos más opcionados según lo reporteado por La Silla.

En el tema ambiental

En materia ambiental, Molina rechaza el proyecto minero de Libero Cobre. “Estoy en contra de la explotación de nuestras montañas en Mocoa. El Putumayo es un departamento andinoamazónico y su mayor vocación es forestal. Es rico en fuentes hídricas, el agua es vida y nuestra responsabilidad es cuidarla”, dice.

Propone una política pública de turismo para generar emprendimiento e ingresos que mejoren las condiciones de vida. También le pondrá la lupa en la minería informal, para darles alternativas a mineros informales con proyectos turísticos, de piscicultura y avicultura. “El renglón principal para el Departamento, de acuerdo con sus características, potencialidades y riquezas, es el turismo natural”, dice.

Pide que el gobierno nacional le garantice a los cultivadores de coca otras líneas productivas, por lo que no está de acuerdo con la erradicación forzada. En cambio, planea fortalecer la electrifiación y las vías para mejorar la competitividad de cultivos lícitos.

La campaña de Molina también se encuentra demandada ante el Consejo Nacional Electoral, ya que su hermana, Maritza Molina, es la secretaria general del Ministerio de Educación. Sin embargo, su campaña argumenta que el cargo corresponde a una jurisdicción diferente, por lo que no habría lugar a una inhabilidad.

Otro cuestionamiento que le hacen a Molina es por el supuesto apoyo de grupos armados. Tres fuentes de diferentes orígenes le dijeron a La Silla que los Comandos de la Frontera estarían invitando a votar por él, sin embargo, otras cuatro fuentes de la región negaron algún tipo de incidencia de los armados en la campaña. “Los adversarios tienen miedo que llegue a la gobernación, por lo tanto, utilizan un sinnúmero de estrategias para atacar mi imagen”, responde Molina al respecto.

Jhon Freddy Peña – Partido de La U y ASI

Tiene 41 años, es contador público del Instituto Tecnológico del Putumayo, especialista en Gerencia Tributaria y magíster en tributación de la Universidad Remington de Medellín. Trabajó como financiero de la seccional de la Unidad de Restitución de Tierras durante 9 años y fue secretario de Hacienda en el periodo pasado (2020-2023), durante el mandato de Buanerges Rosero.

El exgobernador Rosero es el gestor de su candidatura. Lo acompaña en sus correrías y habla junto a él en la tarima. Rosero fue señalado por la Contraloría de incurrir en sobrecostos para la compra de 10 ambulancias durante la pandemia del covid, por alrededor de mil millones de pesos. La Fiscalía lo acusó ante la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos y estuvo detenido durante nueve meses. Actualmente, sigue en el proceso en libertad.

De acuerdo con su sitio web, su experiencia incluye la Organización Zonal Indígena de Putumayo (Ozip) en donde trabajó en proyectos de cooperación internacional con instituciones como Usaid, Acnur y OIM. Tiene el respaldo de Rosendo López, presidente de la Ozip.

La Silla Vacía se comunicó con la campaña de Fredy Peña y Buanerges Rosero, pero no obtuvo respuesta. Con base en sus publicaciones en redes sociales, sus prioridades son el campesinado, la atención en salud, las obras de infraestructura, la educación y el agua potable.

En el tema ambiental

Respecto a temas ambientales, su equipo de trabajo ha hablado de promover modelos de ganadería silvopastoril. “Pensamos en las condiciones del cambio climático donde los animales necesitan sombra y los suelos necesitan regeneración”, dijo Eliana Caro, líder de la campaña en el municipio de Villagarzón, en uno de los programas radiales que hacen diariamente.

Respecto a los grupos armados, propone mayor articulación con las Fuerzas Militares y solicitar mesas de diálogo permanentes en el Departamento. “No podemos hablar de turismo sin brindarle seguridad a los visitantes”, dijo Peña en su programa radial. También propone instalar cámaras de seguridad y consolidar una red de informantes.

Jonny Fernando Portilla – Partido Liberal y Fuerza de la Paz

Es abogado de la Universidad Nacional con especialización en Derecho Laboral de la Universidad Libre. Nació en Orito, Putumayo y tiene 34 años. Comenzó su carrera política como concejal de ese municipio en 2015. Después fue diputado de Putumayo, en 2019, y viene de competir por la Alcaldía de su municipio, donde quedó segundo. El año pasado fue concejal por la curul de oposición.

Para estas elecciones obtuvo el aval liberal con el respaldo del representante Carlos Ardila, quien ha hecho política de la mano con el actual embajador en Brasil y también para asuntos amazónicos, Guillermo Rivera, gamonal político putumayense.

“El programa de gobierno está sincronizado y articulado con el PND de Gustavo Petro. Con la gestión que se va a hacer, esperamos que los 39 proyectos estratégicos para el departamento se puedan cumplir”, le dijo Portilla a La Silla Vacía.

Su prioridad es el desarrollo agrícola, el fortalecimiento de la frontera con Perú y Ecuador, y la educación en zonas rurales. Le apuesta a darle continuidad a los ejes del plan de desarrollo aprobado por el exgobernador Carlos Marroquín, cuya elección fue anulada por doble militancia y quien respalda su campaña: campo, participación, bienestar y desarrollo económico. Una de las principales apuestas de Marroquín fue la siembra de asaí como sustituto de los cultivos de uso ilícito.

Ha logrado apoyos progresistas, entre ellos un sector del Partido Verde y líderes indígenas como Julio César López, Rubén Velásquez y César Chapal. Una fuente le dijo a La Silla que el representante a la Cámara, Jhon Fredy Valencia, de la curul de Paz del Departamento, también lo apoya. Valencia no lo confirmó ni lo negó.

En el tema ambiental

Respecto al proyecto de minería de cobre, Libero Cobre, el candidato le dijo a La Silla que se sujetaría al ordenamiento jurídico, pero que como activista ambiental: “Estaremos del lado de la conservación, la preservación y de nuestras zonas protegidas”. El exgobernador Marroquín, que ahora lo apoya, se acercó a la empresa minera durante su mandato y organizó eventos conjuntos.

En cuanto a la problemática de los grupos armados —En Putumayo están enfrentadas las disidencias de los Comandos de Frontera y las comandadas por alias Calarcá —plantea exigirle al gobierno agilizar los diálogos de paz e incluir otros grupos criminales, fortalecer la protección a los derechos humanos en las zonas de conflicto e insistir en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

Frente a los cultivos de uso ilícito dice que le daría prioridad a la sustitución y a los arreglos forestales, un sistema agrícol​​a para combinar árboles nativos con especies como cacao, asaí, plátano, yuca y frutales amazónicos. También propone capacitaciones para incentivar la transformación de la hoja de coca en productos comerciales.

Otro tema en el que tiene interés, según el representante Ardila, es en el cambio de deuda por acción climática, una de las propuestas que ha impulsado el gobierno Petro en escenarios internacionales. Y para evitar la deforestación a causa de la ganadería, busca avanzar hacia una práctica “semiestabulada”, que implica el encierro parcial o total del ganado.

La campaña de Portilla enfrenta una demanda de nulidad. Los demandantes argumentan que durante su paso por el Concejo de Orito, donde fue presidente, fue ordenador de gasto y firmó contratos. Su equipo descarta la acusación y dice que la condición de concejal es distinta a la de funcionario público, lo que dejaría sin piso la demanda.

Según la reportería de La Silla es uno de los candidatos con más opciones de ganar junto con Molina.

Miguel Ángel Rubio – Pacto Histórico

Miguel Ángel Rubio nació en Puerto Leguízamo y tiene 64 años, es abogado de la Universidad Gran Colombia, con especialización en Derecho de Familia. Comenzó su carrera política en los 90 como concejal de Leguízamo y fue elegido alcalde en 1997.

En 2005 fue secretario de Gobierno de Putumayo durante el mandato de Carlos Palacio y en 2007 aspiró sin éxito a la Gobernación con el aval del Polo Democrático. Fue candidato a la Cámara de Representantes en 2010, también con el aval del Polo, pero perdió. En 2011 volvió a ganar la Alcaldía de Leguízamo y fue alcalde hasta 2015.

En 2023 se lanzó a la Gobernación por el Partido Comunes, pero se bajó de su candidatura para apoyar al candidato César Chapal. Ahora logró el respaldo del Pacto Histórico, con partidos como Colombia Humana, la Unión Patriótica y Esperanza Democrática.

“Queremos democratizar la contratación, la inversión y la ejecución”, le dijo Rubio a La Silla. “Que la ejecución y las obras se hagan con gente del Putumayo para reactivar una economía que está en crisis”, agregó.

“Las fuerzas progresistas de Putumayo lograron unificarse en la candidatura de Rubio. Esta es una fortaleza para esta campaña, pues en 2023 las izquierdas en este departamento se fragmentaron”, dijo el representante Andrés Cancimance.

Recientemente, recibió el respaldo público del comité político nacional del Pacto Histórico, con voces reconocidas como la de los congresistas Aida Avella, Gabriel Becerra y Alirio Uribe. Sin embargo, según una fuente dentro de esa colectividad, quien pidió la reserva para hablar con libertad, el apoyo ha sido escaso.

“La campaña no tiene recursos. Se ha sostenido por los aportes voluntarios de la gente en cada municipio”, dijo la fuente. “El gerente está intentando sacar un préstamo de 80 millones con una cooperativa, pero aún no ha dado resultado. Del nivel nacional no se ha recibido ningún aporte”, agrega. Incluso afirmó que hay presión por parte del sector liberal del gobierno Petro para que Rubio retire su candidatura en favor de Portilla, pero ambas candidaturas negaron esa posibilidad.

En el tema ambiental

Miguel Ángel Rubio plantea que el ordenamiento territorial, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo, debe centrarse en los afluentes principales como el río San Miguel, Putumayo y Caquetá. “El alto Putumayo es una zona rica en agua, pero con grandes dificultades por las inundaciones en la parte baja”, afirmó en una entrevista con La Silla Vacía.

Respecto al proyecto minero de Libero Cobre, dice que “defiende la vida” y no lo apoya, pues “acabaría con el agua de los ríos”. Respecto a la ganadería, dice que, a pesar de que los suelos no tienen condiciones para esa actividad económica, se puede optar por un enfoque silvopastoril.

Sobre la problemática de los cultivos ilícitos se adhiere al enfoque del gobierno nacional. Considera necesario no solo sustituir los cultivos, sino la economía, con incentivos al desarrollo agropecuario, social y turístico. “Que se le cumpla a la gente con el Pnis, se le pague oportunamente y comiencen a ejecutar el nuevo programa”, dice. En esa misma línea, ve las mesas de diálogo que adelanta el gobierno con las disidencias de las Farc como la única manera de desescalar el conflicto en la región.