Asamblea del Huila cuestiona demoras e indicadores de la inversión en seguridad; la Gobernación reconoce retrasos

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En un debate de control político, los diputados revisaron la ejecución del fondo de seguridad, la compra de equipos y un contrato de $1.970 millones para mediadores de convivencia. El secretario de Gobierno, Camilo Castrillón, admitió que las cifras de extorsión no reflejan lo que pasa en los municipios.

La Asamblea del Huila cuestionó la ejecución de los recursos de seguridad del departamento en un debate de control político al secretario de Gobierno, Camilo Castrillón. Los diputados que citaron el debate, Wilfred Trujillo y Omar Alexis Díaz, pusieron en duda el avance de las inversiones. También pidieron indicadores que muestren qué resultados ha dado el gasto.

Trujillo recordó que el Plan de Desarrollo contempla $71.400 millones para seguridad. Según sus cifras, se han ejecutado unos $30.062 millones, el 42,1 %. Castrillón calculó sobre otra base: frente a los cerca de $60.000 millones apropiados en el Fondo de Seguridad Territorial (Fonset), la ejecución llega al 50 %. Explicó que unos $6.000 millones siguen sin comprometer porque la Gobernación espera que el Gobierno nacional cofinancie tres proyectos: la línea 123, vehículos para la Policía de Neiva y cámaras conectadas a la Policía en 11 municipios.

El secretario reconoció demoras en varias compras:

  • Radios de la Novena Brigada: podrían tardar hasta 320 días por trámites de exportación en Estados Unidos.
  • Dron: se compró en diciembre de 2025 y aún no opera, porque debe matricularse “como si fuese un avión”.

“Hay que hacer un proceso bien hecho”, dijo, para evitar investigaciones de los organismos de control.

El punto más tenso fue un contrato de $1.970 millones para mediadores de convivencia, ejecutado a través del Fondo Mixto. Los diputados señalaron que la Asamblea no recibió los soportes de una prórroga y que las cifras de atenciones no cuadran con las estadísticas oficiales. Armando Acuña propuso un debate específico sobre ese programa, con acompañamiento de los organismos de control. Castrillón aseguró que la Gobernación tiene la trazabilidad de las actividades y que entregará la documentación.

Díaz pidió aumentar las recompensas por información sobre los ataques con drones. Según La Nación, entre el 7 de agosto y mediados de octubre hubo ocho ataques de este tipo en cinco municipios del Huila, atribuidos a disidencias de alias Iván Mordisco. Castrillón respondió que en meses no han llegado datos que justifiquen pagos, pero aceptó revisar el monto.

El secretario admitió también que la extorsión en los municipios no parece corresponder con la reducción que muestran las estadísticas, por el subregistro y el temor a denunciar. Según su balance, la violencia intrafamiliar aumentó 14 % y las lesiones personales, 8 %.