Veeduría cuestiona la elección de la nueva gerente de Electrohuila por presuntas irregularidades

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El Centro de Análisis y Vigilancia Pública (CEVIP) señala que la empresa de la que fue dueña Claudia Marcela Peña Gasca tenía contratos de interventoría con la electrificadora. También cuestiona la convocatoria de la junta y la lista de aspirantes.

La elección de Claudia Marcela Peña Gasca como gerente de la Electrificadora del Huila sigue generando cuestionamientos. Según Caracol Radio, Yilber Saavedra, director del CEVIP, advirtió posibles incumplimientos de los estatutos de la compañía y de normas legales en el proceso de selección.

El principal reparo tiene que ver con los antecedentes contractuales de la nueva gerente. Según Saavedra, Peña Gasca fue accionista única y representante legal de Seinsur S.A.S. Esa empresa ejecutó al menos cuatro contratos de interventoría con Electrohuila, y uno de ellos sigue en ejecución. Peña Gasca cedió sus acciones y renunció a la representación legal el 18 de septiembre de 2026. Aun así, la firma mantuvo su vínculo contractual con la electrificadora.

El CEVIP también cuestionó varios puntos del proceso:

  • Convocatoria: no habría constancia de la fecha ni del medio con que se citó a la reunión extraordinaria de la junta directiva.
  • Lista de aspirantes: no se habría conformado una lista plural de candidatos que cumplieran los requisitos. De los cuatro aspirantes, dos no habrían acreditado la experiencia exigida y otro tendría una inhabilidad vigente con la Contraloría General de la República.
  • Prueba psicotécnica: según Saavedra, no se hizo antes de la elección sino días después de la designación.

La designación se hizo el 13 de octubre mediante el acta 1132 y se registró ante la Cámara de Comercio del Huila el 19 de octubre.

Electrohuila presta el servicio de energía en el departamento, que en los últimos días ha enfrentado apagones por los ataques contra torres de transmisión en zona rural de El Pital. En la información publicada no se conoce una respuesta de la gerente ni de la junta directiva de la empresa a estos señalamientos. Las presuntas irregularidades deberán ser revisadas por las autoridades competentes.