Procuraduría arremete contra Hurtado

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En un movimiento poco habitual de control institucional frente a los cuestionamientos que marcaron la administración de Andrés Fabián Hurtado Barrera, la Procuraduría General de la Nación decidió formular pliego de cargos contra el exalcalde de Ibagué. La razón: presuntas fallas presupuestales que habrían deteriorado de forma crítica las condiciones de los centros de detención en la ciudad.

Según la investigación del Ministerio Público, entre 2021 y 2023, Hurtado habría incumplido su obligación legal de asignar recursos suficientes dentro del presupuesto municipal para garantizar el funcionamiento adecuado de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y de la Estación de Policía La Permanente Central.

Los señalamientos apuntan a que la administración omitió la asignación de recursos clave para atender necesidades como mejoras en la infraestructura, adecuaciones para visitas íntimas y servicios médicos, adquisición de artículos de aseo personal y la logística para remisiones, entre otros servicios básicos.

Esta actuación de la Procuraduría aparece como una de las contadas intervenciones de control sobre una gestión pública marcada por múltiples denuncias, pero que ha transitado sin mayores consecuencias. Hurtado, hoy figura clave en el entorno político de la alcaldesa Johana Aranda, ha sido objeto de reiterados señalamientos, aunque rara vez ha sido llamado a responder por ellos. Esta formulación de cargos rompe, aunque sea parcialmente, con esa inercia de silencio oficial.

Para el ente de control, la falta de financiación adecuada habría atentado contra los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, una población que, de acuerdo con la normativa vigente, debe recibir protección especial por parte del Estado.  “Se habría desconocido el respeto y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad que, por su condición, gozan de especial protección por parte del Estado”, señaló la Procuraduría.

Por estos hechos, la conducta del exmandatario fue calificada de forma preliminar como una falta grave cometida con culpa grave, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias considerables si se confirma la responsabilidad en el proceso.