Escándalo crece para esposa de ministro Jaramillo

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La situación que rodea a Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se torna cada vez más complicada. Nuevas revelaciones apuntan a que, pese a haber manifestado oficialmente un impedimento para actuar en asuntos relacionados con el Hospital San Rafael de Leticia, habría influido para que se firmara un contrato multimillonario sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La denuncia fue hecha por la representante a la Cámara Katherine Juvinao, quien aseguró que Gómez Consuegra —en calidad de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud— intervino directamente ante funcionarios del hospital para gestionar la firma de un convenio por 55.000 millones de pesos. Este contrato hace parte del proyecto del buque-hospital que busca prestar servicios médicos en la región amazónica.

“Tenemos la prueba de que la superintendente delegada Beatriz González sí estaría incurriendo en presunta falta disciplinaria gravísima al presionar la firma de un contrato en la E.S.E. Hospital San Rafael en Leticia. La señora había declarado IMPEDIMENTO en marzo/2024”, escribió la congresista Juvinao en su cuenta de X.

Como respaldo, compartió un documento de la Superintendencia Nacional de Salud, con fecha del 9 de septiembre de 2024, donde se confirma que Gómez Consuegra se recusó de participar en procesos donde hubiera interferencia directa del Ministerio de Salud, debido a su relación con el jefe de esa cartera. Esto incluye al hospital mencionado, que se encuentra intervenido desde 2020.

A pesar de que legalmente tiene competencia para intervenir en entidades prestadoras bajo intervención, su actuación en este caso concreto estaría restringida, ya que el buque-hospital es cofinanciado por el Ministerio de Salud, que aporta 55.000 millones de los 73.540 millones que cuesta el proyecto, explicó Juvinao.

El ministro guarda silencio

Hasta el momento, el ministro Jaramillo no ha ofrecido declaraciones sobre los señalamientos. Este lunes, en un encuentro con medios de comunicación, evitó referirse al caso y se retiró del lugar sin responder a los periodistas.

La congresista Juvinao advirtió que llevará el caso ante las entidades de control, exigiendo una investigación tanto disciplinaria como penal por el posible desconocimiento del régimen de inhabilidades e impedimentos que deben respetar los funcionarios públicos.

Una contratación cuestionada

El contrato que ha desatado este escándalo hace parte de un ambicioso programa social promovido por el Gobierno Nacional. No obstante, el proceso de contratación ha estado rodeado de controversia.

Según denuncias previas hechas por el periodista Daniel Coronell y la exinterventora Lina Baracaldo, se intentó firmar el contrato sin contar con estudios técnicos previos. Baracaldo afirmó que se negó a hacerlo y, como consecuencia, fue retirada de su cargo. Estas presiones, ahora respaldadas por los señalamientos de la representante Juvinao, implicarían directamente a Gómez Consuegra y vuelven a generar cuestionamientos sobre el manejo del alto gobierno.