530 militares de la Fuerza de Despliegue Rápido llegarían al Huila antes de terminar el año

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Los uniformados de la FUDRA 13 ya están en entrenamiento, según informaron altos mandos del Ejército al gobernador Rodrigo Villalba. El refuerzo hace parte de los compromisos del consejo de seguridad realizado en Neiva tras la ola de ataques con drones.

Un total de 530 militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 13 (FUDRA 13) se preparan para llegar al Huila antes de que termine el año, con el objetivo de reforzar la seguridad y las operaciones contra los grupos armados ilegales. Así lo informaron altos oficiales del Ejército durante una reunión este lunes 19 de octubre con el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, según un boletín de la Gobernación.

En el encuentro participaron el coronel Jairo Antonio Castillo Colorado, nuevo comandante de la Novena Brigada; el coronel Stik Reyes Monsalve, director del Gaula Militar Nacional; el coronel Wilmer Castaño López, comandante de la FUDRA 13; el coronel Jorge Rojas, oficial de operaciones de esa unidad, y el mayor Juan Antonio Alcina, del Gaula Militar Huila.

Según la Gobernación, la visita del director del Gaula Militar se hizo por instrucción del comandante del Ejército, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, y responde a los compromisos que asumió el Gobierno nacional en el consejo de seguridad realizado en Neiva el pasado 9 de octubre. En esa reunión, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, había anunciado el regreso de la unidad de despliegue rápido al departamento.

El gobernador Villalba dijo que la presencia del Ejército es un mensaje de respaldo “especialmente después de los recientes ataques con drones y los hechos de violencia registrados en el occidente del departamento”. En las últimas semanas, el Huila ha registrado al menos siete ataques con drones en dos meses, entre ellos en los muncipios de Palermo, Teruel, La Plata y Aipe además del hostigamiento a la estación de Policía de Íquira.

El mandatario también insistió en la necesidad de mantener una presencia efectiva de las autoridades en las zonas donde se han presentado alteraciones del orden público.