Supersalud extiende intervención a Sanitas: así avanza la gestión

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La Superintendencia de Salud confirmó la prórroga de la intervención forzosa administrativa sobre la EPS Sanitas por un año más. Esta medida, impuesta en abril de 2024, se mantiene debido a que las causas que la originaron aún persisten. Según el ente regulador, la aseguradora sigue presentando incumplimientos en normativas financieras y en la prestación de servicios a sus afiliados, lo que justifica la continuidad de la intervención conforme a la legislación vigente.

Sanitas, que cuenta con 5,6 millones de afiliados y administra cerca de $10 billones anuales para la atención en salud, ha sido objeto de diversas investigaciones. Previo a la intervención, la Superintendencia le abrió un proceso por problemas en los pagos a proveedores de medicamentos, luego de que Cruz Verde anunciara dificultades para la dispensación de fármacos a los usuarios de la EPS.

Desde el inicio de la medida, el grupo Keralty, dueño de Sanitas y con sede en Colombia, ha emprendido acciones legales tanto a nivel nacional como internacional. En su momento, su abogado, Juan David Riveros, calificó la intervención como una «expropiación indirecta» al argumentar que se privó a la empresa de los derechos sobre su propiedad sin un proceso judicial adecuado.

A nivel local, Keralty interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para revocar la intervención, pero no tuvo éxito. También presentó una denuncia penal contra el exsuperintendente Luis Carlos Leal por presunto prevaricato. En el ámbito internacional, llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando que la medida gubernamental vulnera el acuerdo de protección de inversiones entre España y Colombia. En esta demanda, la multinacional solicita una indemnización de 1,2 billones de dólares por los perjuicios ocasionados.

Balance de un año de intervención

Los informes financieros más recientes, divulgados en enero de 2024 y citados por el representante a la Cámara Andrés Forero, evidencian un deterioro en la situación económica de Sanitas. Lejos de mejorar, los indicadores reflejan un incremento en deudas, reclamos y siniestralidad.

Entre marzo y noviembre de 2024, la cartera de la EPS mostró un alza significativa en cuentas por pagar. Las obligaciones no vencidas pasaron de $1,14 billones a $1,20 billones, mientras que las deudas de menos de 30 días subieron de $398.365 millones a $435.660 millones. El panorama es aún más preocupante en la cartera vencida de más de 180 días, que pasó de $0 a $668.963 millones, y en las deudas mayores a 360 días, que alcanzaron los $265.156 millones.

Los problemas también se reflejan en la atención a los usuarios. Las quejas contra la EPS aumentaron de 104.429 en 2023 a 118.338 en 2024. Por su parte, el índice de siniestralidad sigue en números negativos: en 2024 alcanzó el 101%, lo que significa que por cada $100 recibidos, Sanitas gastó $101 en la prestación de servicios.

Además, los estados financieros reportados en septiembre revelaron pérdidas por $240.669 millones, un aumento del 80% respecto a las pérdidas de 2023, que fueron de $133.642 millones.

Hasta el momento, el grupo Keralty no ha emitido declaraciones sobre la extensión de la intervención.