El despacho judicial advirtió la necesidad de evaluar los informes técnicos que cita la señalada resolución. Por esto, consideró pertinente recopilar pruebas, con el fin de tomar una decisión de fondo.
“La lectura preliminar del acto administrativo no permite identificar con claridad aspectos esenciales de la decisión, como la delimitación concreta de los polígonos objeto de intervención, los municipios eventualmente involucrados, las características ambientales de las áreas seleccionadas”, indica.
Asimismo, la “identificación de comunidades potencialmente afectadas o los criterios específicos utilizados para determinar el alcance territorial del piloto; por lo que, pese a tratarse de una decisión de alta complejidad ambiental, sanitaria y social, el acto administrativo no ofrece por sí mismo la información mínima suficiente que permita comprender integralmente el contexto material de la intervención autorizada”.
En la evaluación del caso, el despacho judicial indicó que tal “ausencia” de “información suficiente” impide al juez constitucional “efectuar una valoración preliminar adecuada sobre la razonabilidad de la intervención proyectada y la procedencia de su eventual ejecución”.
“Tal circunstancia resulta particularmente relevante cuando es la propia autoridad administrativa la que afirma que su decisión se soporta en numerosos estudios, análisis cartográficos, evaluaciones ambientales y protocolos que aún no se conocen, pese a formar parte integral de la Resolución no. 0007 de 2026″, enfatiza.
“Por lo anterior, el Juzgado considera que la eventual ejecución del plan piloto, antes de recaudar y analizar los estudios, documentos y soportes técnicos que la propia administración invoca como fundamento de la decisión, podría tornar ineficaz la protección constitucional solicitada y comprometer la posibilidad de adoptar una decisión de fondo suficientemente informada; en efecto, la combinación entre la inminencia anunciada de la medida, la ausencia actual de información esencial para comprender su alcance territorial, social y ambiental, y la especial sensibilidad ecológica del departamento del Putumayo, impone una actuación preventiva orientada a preservar la eficacia de la presente acción constitucional”, concluyó el juzgado.
Por esto, se consideró necesaria la “suspensión temporal” de “cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio dentro del departamento del Putumayo, hasta tanto las entidades accionadas y vinculadas aporten la información requerida y se cuente con los elementos de juicio necesarios para resolver de fondo la controversia sometida”.
