El Ministerio de Salud y Protección Social aclara a la opinión pública que no se encuentra en desacato ni ha incumplido los Autos 2049 de 2024 y 007 de 2025, emitidos por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Esto se debe a que dichas decisiones aún no han quedado en firme.
En ejercicio de los mecanismos jurídicos disponibles en el Estado colombiano, esta cartera presentó solicitudes de aclaración ante la Corte Constitucional sobre ambos autos. Conforme a lo establecido en el artículo 302 del Código General del Proceso, las providencias solo adquirieron firmeza y ejecutoria una vez se resuelvan estas solicitudes.
“ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud (…)”
Por lo anterior, se reitera, el Ministerio de Salud y Protección Social NO ha incumplido orden alguna de la Corte Constitucional.
Sobre la solicitud de aclaración sobre el Auto 2049 de 2024
El 23 de enero, el Ministerio solicitó a la Corte Constitucional una aclaración sobre el Auto 2049 de 2024, relacionada con los presupuestos máximos. Esta petición se sustentará en inconsistencias detectadas en el documento, las cuales generan dudas sobre el alcance del auto, los plazos establecidos y la coherencia de las disposiciones contenidas en él.
En este contexto, las órdenes emitidas por la Corte Constitucional aún no están en firme hasta que se resuelvan las siguientes inquietudes:
- No se especifica con claridad si el auto se limita a abrir un incidente de desacato contra el Ministro de Salud y Protección Social o si también impone nuevas órdenes dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
- La falta de precisión sobre el propósito y el alcance del auto genera incertidumbre en su aplicación.
Así, el Ministerio reitera su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones judiciales y con la claridad en la implementación de las mismas.
Referencia un considerando inexistente: En el numeral 5.1 de la parte resolutiva, se menciona el considerando 128, el cual no existe en el Auto 2049 de 2024, ya que este solo cuenta con 115 considerandos.
Plazos vencidos para el pago de presupuestos máximos: Se ordena pagar los presupuestos máximos de julio a octubre de 2024 antes de finalizar la vigencia de ese año. Sin embargo, la notificación del auto se realizó en enero de 2025, cuando dicho plazo ya había expirado.
Incompatibilidad con la normativa vigente: La orden de pago de los presupuestos máximos dentro de los primeros 15 días de cada mes en 2025 no tiene en cuenta el procedimiento establecido en la Ley 1955 de 2019 y en la Resolución 067 de 2025, lo que podría generar conflictos en su aplicación .Referencia a literales inexistentes: En los numerales 6.5 y 7 de la parte resolutiva, se mencionan los literales “a), b) y d)” como base para el cumplimiento de ciertas órdenes, pero estos no existen en el documento.
Por otro lado, el 2 de febrero, esta cartera también solicitó una aclaración a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 respecto al Auto 007 de 2025 relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Hasta la fecha tampoco no ha obtenido respuesta a los siguientes interrogantes:
Se detectan contradicciones e incongruencias en la decisión de declarar insuficiente la UPC de 2024, dado que la mayoría de la Sala no aportó el estudio técnico que demostrara la presunta insuficiencia y dejó de valorar el estudio técnico que, elaboró de conformidad con sus competencias legales, el Ministerio de Salud y Protección Social y que demostró objetivamente su suficiencia.
Tampoco se aportaron, por parte de la mayoría de la Sala, los estudios técnicos que sustenten la existencia de un supuesto rezago en las vigencias 2021-2023. La mayoría de la Sala tampoco especifica si dicho rezago es financiero, operativo o si está relacionado con costos específicos de atención. Además, la cartera observa una aparente contradicción en la orden, dado que se ordena un reajuste para 2021-2023, cuando la insuficiencia se declaró par la vigencia 2024.
Se tienen serias dudas sobre la competencia de la Sala Especial de Seguimiento para modificar la metodología de cálculo de la UPC, lo que podría entrar en conflicto con normativas vigentes y competencias exclusivas del Ministerio de Salud. La cartera se cuestiona si en este caso se estaría modificando la normativa vigente sin un proceso legislativo y teme que funcionarios del Ministerio puedan ser sancionados disciplinaria o penalmente por aplicar decisiones que contradigan las normas ya establecidas.
Existen ambigüedades sobre la estructura y funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento, en especial sobre quién la presidirá, cómo se regulará su operatividad y si se requiere socialización previa de su reglamento. El Ministerio de Salud se pregunta si debe establecer un marco normativo para el funcionamiento de la mesa y si dicho reglamento técnico debe ser objeto de consulta pública conforme a la Ley 1437 de 2011.
Por esta razón, el Ministerio ha solicitado una aclaración ante la Corte Constitucional con el fin de garantizar el debido proceso y evitar posibles interpretaciones erróneas en la ejecución de las disposiciones establecidas.
El Ministerio de Salud y Protección Social reafirma su compromiso con el bienestar de todos los colombianos, trabajando dentro del marco de la Constitución y la ley. Asimismo, continuará respondiendo de manera oportuna y conforme a Derecho a los requerimientos y solicitudes de las autoridades competentes.
