El Ministerio Público había pedido prisión preventiva contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, señalado como el principal sospechoso de una supuesta estructura de al menos diez personas.
Un juez del Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso una garantía económica de un millón de pesos como medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años. El Ministerio Público lo acusa de planificar un atentado terrorista contra el presidente Luis Abinader. La garantía debe depositarse en efectivo en el Banco Agrícola.
El tribunal también le impuso impedimento de salida de San Francisco de Macorís, cuidado y vigilancia a cargo de su padre y presentación cada 15 días ante la Fiscalía. Según Diario Libre, el fiscal Engels Luis Polanco Henríquez explicó que, una vez deposite la garantía, De la Cruz Sosa podrá recuperar su libertad si cumple esas restricciones. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, pero el juez optó por una medida menos severa.
De acuerdo con el expediente de 57 páginas, el imputado sería el principal señalado de una supuesta estructura integrada por al menos diez personas. El Ministerio Público sostiene que los investigados intercambiaron información sobre la preparación de artefactos explosivos y sobre los desplazamientos del presidente, y que planificaron un posible ataque. Hasta ahora, De la Cruz Sosa es el único sometido a la justicia por este caso.
El joven fue arrestado el 3 de noviembre durante el allanamiento de su vivienda, en el sector Vista del Valle, y de la ferretería donde trabaja. En los registros, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que, según el Ministerio Público, presuntamente serían usadas para fabricar explosivos y que están en peritaje. Según la orden judicial citada por El Nacional, el supuesto ataque estaba previsto para el 6 de noviembre en el Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
La investigación contó con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El caso se procesa por el presunto delito de terrorismo.
Nota desarrollada con apoyo de IA y revisada por un periodista.
