Municipios en crisis fiscal y con más obligaciones

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A menos de dos meses de la entrada en vigencia de una nueva disposición legal, la Federación Colombiana de Municipios expresó su preocupación al Ministerio de Justicia por la obligación que recaerá sobre las alcaldías de suministrar la alimentación de los reclusos en centros de detención transitoria a partir del primero de julio de 2025.

El planteamiento se hizo mediante una carta firmada por el presidente de Fedemunicipios y alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, quien solicitó postergar la aplicación de esta responsabilidad debido a la falta de capacidad técnica y presupuestal en muchos entes territoriales.

Sánchez advirtió que esta nueva función implica riesgos para la atención de las personas privadas de la libertad:

“Si bien es cierto que los alcaldes deben ocuparse a partir del 1.° de julio del año en curso de la alimentación de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, también lo es que muchas entidades territoriales no cuentan con las condiciones técnicas, financieras ni logísticas suficientes para asumir plenamente esta competencia sin comprometer la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad de manera preventiva”.

Aplazar

Fedemunicipios resaltó que la situación es especialmente crítica para las administraciones de cuarta, quinta y sexta categoría, cuyos presupuestos son limitados. Estas jurisdicciones, según el texto dirigido al Ministerio, no contarían con los medios suficientes para cumplir la nueva asignación sin afectar otras obligaciones fundamentales.

Con base en ese argumento, la Federación de Municipios planteó la necesidad de tramitar una reforma legal que permita aplazar la implementación de la Ley 2346 de 2024, que transfiere esta competencia desde la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a los municipios.